Planificación y evaluación de políticas de información

Está previsto para el próximo 5 de mayo, en el Parlamento Europeo la aprobación de una serie de medidas regulatorias que incluyen varias enmiendas, sobre la regulación de los usos de Internet (el llamado Paquete de las Telecomunicaciones).

A propósito de la aprobación de medidas legales, sobre tan polémico asunto, algunos colectivos de internautas aseguran que si llegaran aprobarse, se permitirá el filtrado de contenidos, aplicaciones y servicios, y se podrá negar el acceso en línea a material protegido por derechos de autor a través de intentos de ‘enforcement’, incluso cuando el acceso es lícito. Existiendo una “amenaza a la privacidad de los usuarios, a través de la retención y procesamiento de datos personales por razones de seguridad”.

Las iniciativas para impedir que estas medidas salgan adelante, van desde el envío de una misiva a los europarlamentarios o un sistema para vigilar cuál es su postura y qué votan respecto a esta iniciativa.
El principal argumento es que los proveedores no pueden convertirse en los policías de Internet y que la Red debe ser libre, abierta y sin restricciones porque esa es su razón de ser. Es un asunto que mantiene divididos también a los propios creadores de contenidos culturales.

Por otro lado, la industria cultural española cree conveniente no seguir el modelo francés de la persecución de las descargas de archivos, en un principio las negociaciones que se habían mantenido con los operadores de telecomunicaciones agrupados en Redtel para regular esta materia, parecía que iba a ser el modelo que iban a adoptar..
En cualquier caso de momento, la prioridad para ellos no son las sanciones, sino facilitar que quienes consumen productos en Internet encuentren servicios que ofrezcan obras con calidad, seguridad y a precios asequibles.
Por lo tanto, se descarta un sistema de notificaciones masivas con cortes de conexión para los internautas que usen programas de intercambio de archivos p2p (eMule, BitTorrent).
En realidad, a quien se persigue es a los llamados “concentradores”, es decir, a los responsables de las páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las descargas ya que son esas website las responsables del 80% del tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música).
Se les daría un primer y único aviso para que cesen en su actividad y si no hay rectificación en la conducta, se procedería a la interrupción definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores españoles, o al bloqueo de las páginas radicadas en el extranjero.

Lo que se persigue con estas medidas es acabar contra la piratería comercial, a través de los concentradores.
La ley actual permite cerrar las páginas que están poniendo a disposición obras sin el permiso de sus propietarios. Para el resto de usuarios son partidarios de un sistema de notificaciones, con una clara voluntad educativa y disuasoria.
Yo trabajé en una entidad de gestión de derechos de autor, y su postura era inflexible. Todo aquel que utilizara una obra protegida, tenía que apoquinar, y sino atenerse a las consecuencias. Educativos no me parecieron sus metódos, disuasorios sí. Para mí el derecho de autor, es un derecho que se ha de respetar porque es un derecho fundamental, por eso es importante contar con la autorización de sus autores y educar a la sociedad en el uso respetuoso con las creaciones intelectuales ajenas. Para ello, se debe de enfocar desde un punto de vista abierto, proponiendo medidas conciliadoras.

Otra medida disuasoria sería la desconexión. Sobre esta medida, la coalición estima que ya existen sistemas de rastreo de los llamados hash (el DNI que identifica cada archivo en la Red) que permitirían a los operadores bloquear el acceso a las páginas que permiten su descarga,por lo que la interrupción temporal del servicio a Internet sería excepcional y temporal si todo lo demás falla.

Para aplicar ese sistema, se propone una Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, un órgano independiente -vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria- que ejercería el control del proceso, tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos de los archivos descargados sin permiso y ordenaría, en su caso, el bloqueo de las páginas.