Planificación y evaluación de políticas de información

El 2 de octubre comenzó la pesadilla para un grupo de marineros que pescaba frente a las costas de Somalia, en aguas internacionales. El buque Alakrana se alejó de la zona de protección determinada por la fragata de la marina española destacada en aquellas aguas para protegerlo frente a los fieros piratas somalíes.

Pero esta pesadilla no comenzó sólo para los pescadores, sino también para los familiares de los pescadores, para el Gobierno español que casi desde el principio se vio acosado por la oposición política y muchos medios de comunicación.

A río revuelto ganancia de pescadores, el PNV aprovechó para criticar al PSOE y defender su propuesta de embarcar  a militares en los barcos pesqueros, algo a lo que el gobierno se opuso desde el principio. Almudena Grandes en su artículo publicado en el Diario el País con el título Cuenta y riesgo pone de manifiesto algo muy básico pero muy poco explicado en la prensa, el Alakrana tiene un dueño, una empresa privada que actuó en este caso por su cuenta y riesgo. El Ejército español es una institución pública a la que no corresponde intervenir en asuntos privados. Quienes actúan por su cuenta y riesgo deberían pagar sus cuentas y asumir sus riesgos.

El 4 de noviembre las complicaciones aumentan, la Marina detiene a dos piratas que se dirigían a tierra, ‘Abdu Willy’ y ‘Raageggesey Adji Haman’, que son enviados a España para ser juzgados, por orden del juez Baltasar Garzón. Aparece en escena un personaje enigmático, Francisco Javier Díez Aparicio, que se presenta como abogado de Abdu Willy y comienzan a surgir interrogantes. ¿Por qué solo defiende a Abdul? ¿Quién le paga? Nadie ha contestado en ningún momento a estas preguntas.

A medida que pasan los días crece la impaciencia de los familiares que convocan manifestaciones para recabar apoyos en Galicia y el País Vasco, de donde proceden la mayoría de los pescadores españoles. El Presidente del Gobierno, presionado, acepta recibir en audiencia a representantes de las familias, recomendándoles paciencia y discreción para el éxito de las gestiones para la liberación.

El 17 de noviembre de 2009, después de pasadas las tensiones provocadas por los piratas que insinuaron que podían matar a los marineros, se paga el rescate. Al parecer los fondos salen de la aseguradora, los armadores del buque y el Estado español. Los secuestradores reciben 2,3 millones de euros y dejan en libertad a la tripulación. El Alakrana pone rumbo a las islas Seychelles. Como resulta habitual en la vida política española la oposición de derechas (PP) mantiene una posición de animal de carroña que intenta sacar tajada política de cualquier situación y pide la reprobación de las ministras y ministro implicadas en las gestiones y la comparecencia del Presidente del Gobierno en el Congreso.

Mientras, continúa la confusión sobre la forma en la que se produjo la liberación del Alakrana. Defensa insiste en que un helicóptero español abrió fuego contra los asaltantes en el momento en el que huían hacia la costa, desmintiendo al capitán del pesquero Iker Galbarriatu, quien aseguró que “no hubo disparos”. Según la versión de uno de los piratas, “el helicóptero militar español pasó cerca” de ellos, pero “nunca abrió fuego”.

Hasta aquí la cara de la noticia que han seguido los españoles y el mundo occidental.

Joaquín Sempere[1] en su artículo Somalía, los verdaderos piratas nos proporciona otro tipo de información. El 25 de octubre de 1991 se hundió el ya precario orden político de Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención de Estados Unidos. El caos social y político subsiguiente fue aprovechado por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y radioactivos. Este abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó en las playas y costas de Somalia bidones corroídos y otras muestras de estos residuos que provocaron enfermedades sin cuento y malformaciones genéticas en la población.

Al mismo tiempo multitud de barcos de pesca comenzaron a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales, con sus enormes flotas pesqueras. Se calcula que en 2005 pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y más específicamente españoles, con ingresos estimados por año por esta pesca extranjera ilegal de 450 millones de dólares. El resultado ha sido desde entonces la rapidísima disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo.

Los somalíes comenzaron a organizarse. Hubo intentos de guardacostas voluntarios para negociar con los buques de pesca extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto por seguir haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final es lo que hoy se conoce como piratería somalí. En un país plagado de armas, desgarrado por bandas rivales y su gente sometida a una situación económica desesperada un desenlace del tipo que conocemos no debería sorprendernos. Y ante esto el profesor Sempere y mucha más gente nos preguntamos ¿quiénes son en esta historia los verdaderos piratas?).

Epílogo

Finalizada la angustia y pagado el rescate los marineros vascos realizan declaraciones despectivas que infravaloran el esfuerzo realizado por el Gobierno y la Marina española.

Los somalíes festejan el final feliz para ellos y sus bolsillos celebrando bodas,  pagando las dotes por sus esposas y comprándose el último modelo de todoterreno o renovando sus Kalasnikov por si “tienen que salir a faenar” de nuevo.

Los armadores serán un poco menos ricos por el rescate pagado y por las pagas que deberán hacer  a la seguridad privada, es decir, a antiguos militares que trabajan ahora de mercenarios. ¿No son en este caso los armadores señores de la guerra?. Y el negocio continúa y el atún, que pagamos todos, será cada vez más escaso y siempre más caro.