Que el nuevo sistema de financiación de la radiotelevisión pública estatal iba a tener muchos problemas es algo con lo que había que contar, desde que hace seis meses empezaron a anunciarnos como el mejor de los escenarios posibles una TVE sin publicidad. Ya está la Comisión Europea con la lupa sobre el tema (http://www.expansion.com/2009/12/02/empresas/medios/1259789348.html), e, intuitivamente, uno pensaba: “demasiado complicado para funcionar bien”.
Es difícil dudar de las buenas intenciones de la medida, y de que había que romper con una situación de interferencia en el mercado de la comunicación por parte de un organismo público que no competía en igualdad de condiciones con quienes se estaban jugando sus inversiones en un entorno de riesgo. Pero la resolución del problema de financiación de ese servicio público se hace con un cóctel muy enrevesado de instrumentos, entre los que encontramos el impuesto puro y duro (tasas sobre el espectro radioeléctrico), con dos tasas de nueva creación sobre la facturación de las privadas y los operadores de radiotelecomunicaciones, y la intervención sobre el mercado de la publicidad en forma de autoregulación y salida del mercado (desplazamiento de la porción de tarta de anunciantes desde TVE hacia sus antiguas competidoras). Todo esto para que, al final, los 550 millones en que está presupuestado el servicio público de información no salga de nuestros bolsillos directamente vía presupuestos generales del Estado. Una muy buena nota informativa del Instituto de Empresa muestra gráficamente el flujo de millones de unos sectores a otros (http://www.enter.ie.edu/enter/mybox/cms/11376.pdf).
Hay un par de cuestiones que no termino de ver en todo este proceso. En primer lugar, se nos cuenta que los 140 millones que las privadas han de aportar a RTVE son como compensación por los menos ingresos publicitarios que esta va a recibir y que se desviarán a Telecinco, Antena3, Prisa y demás. Pero, cabe preguntarse, ¿quién puede estar seguro de que una televisión pública sin publicidad no va a devorar el tiempo de share de las privadas, de forma que al final los anunciantes no estén dispuestos a seguir pagando segundos a precio de oro? Y, más aún, ¿cómo casa esto con las normas comunitarias sobre minutajes de publicidad sobre el total y concentraciones de anuncios por hora? (http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Telecomunicacions%20i%20Societat%20de%20la%20Informacio/Documents/Dades%20i%20estadistiques/Arxius/resum_marco_regulatorio_eu_comunicaciones_electronico.pdf)
Otro asunto, a los operadores de telecomunicaciones se les va a cargar una tasa para recaudar otros 150 millones para RTVE. Pero esos operadores son empresas privadas ubicadas en un mercado de competencia feroz, aunque imperfecto (con todavía Telefónica en posición de predominio en muchos casos), y que al final van a trasladar esa tasa a los precios. Además, estas empresas ya pagan a la comunidad por el uso del espacio radioeléctrico. Chirría un poco que tengan que pagar también para que TVE viva sin publicidad.
Aunque esto es solo un apunte y habría mucho sobre lo que debatir, parece ser que un servicio público se va a financiar por parte de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, principalmente), y que hay un peligro cierto de desestabilización económica sobre las empresas privadas de televisión, ya suficientemente amenzadas por las autonómicas (estas sí siguen con la doble vía de financiación: publicidad-impuestos-deuda), y la inexorable intrusión de Internet.
Conozco otros sectores no vinculados a la información (como el transporte), en que los servicios públicos no se financian con tasas directas sobre otros operadores que trabajan en el mismo mercado que la empresa pública, sino a través de los presupuestos generales. Insisto, todo esto de RTVE suena demasiado complicado.
