El caso de niña de 3 años Aitana ha dejado en evidencia en pocos días a médicos, policías y medios de comunicación.
Su padrastro, además del dolor por el fallecimiento de Aitana ha sido víctima de un linchamiento mediático y social vergonzoso. Ahora se escuchan algunas disculpas, las menos, y se inicia la búsqueda de un chivo expiatorio, pero se echan en falta reflexiones sinceras sobre el tratamiento informativo que habitualmente se da a este tipo de sucesos.
Según la consejera canaria Roldós “…en este caso se ha vulnerado la presuncion de inocencia, que es un prinicipio fundamental del Estado de Derecho”. Roldós responsabiliza a los medios de comunicación “…que difundieron informaciones absolutamente reservadas y protegidas que no pueden estar en sus manos ya que su confidencialidad y privacidad están garantizadas por la Ley de protección de datos de 1995 y autonomía del paciente de 2002″
Este hecho ha sido un elemento clave del juicio paralelo y del linchamiento moral al que se ha sometido al padrastro de Aitana.
Se acusa a los medios de difundir la noticia pero ¿quién filtró la noticia? ¿la filtración de este tipo de información ha sido un grave error o forma parte de un protocolo habitual de actuación? Detrás de este caso se aprecia una forma de proceder nada garantista y que en términos generales parece contar con el beneplácito social. La filtración a los medios de esta y otras noticias pretende ejercer una mayor presión social contra este tipo de delitos. Parece que se establezca un doble juego, por una parte está la legalidad vigente, y por otra, la utilización de los medios de comunicación como agentes de opinión que influirán en la sociedad para que ésta ejerza su papel fiscalizador y se convierta en un elemento clave de presión.
Refugiarse en la culpabilidad del “cuarto poder” no es suficiente. Si se pretenden realizar una política pública realmente garantista resulta imprescindible una profunda reflexión sobre la instrumentalización de los medios de comunicación y los efectos “colaterales” que ello conlleva.
¿Dónde queda la moral? Son muchos los informativos que han dado cobertura informativa a la noticia y al terrible error que se ha cometido con el padrastro de Aitana. La mayoría de ellos hablan de cómo los medios de comunicación difundieron la noticia que ponía ante la gillotina social al padrastro, pero curiosamente no he visto ningún informativo que entone el “mea culpa” y reconozca su grave error profesional.
Las filtraciones han sido, son y serán una constante en la relación entre el poder y los medios, pero… ¿no debería existir una política pública que garantizara los derechos que recoge la constitución? Auque corren tiempos difíciles para la lírica, ¿no debería prestarse especial atención al cumplimiento de ley de protección de datos personales y además impulsar la elaboración de una especie de juramento hipocrático de la información?
