Tenía entre manos un nuevo post para colgar en el blog de nuestra asignatura con otro contenido totalmente diferente, pero creo que la actualidad nos viene pisando los talones y en las últimas horas se ha colado una noticia que está acarreando multitud de reacciones, y es la propuesta de creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, incluida en el reciente anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que directamente “ha inflamado” Internet, como apuntan diversos medios.
Para aquellos aún ajenos a la polémica, la citada Ley propone la creación de este órgano administrativo, adscrito al Ministerio de Cultura, como un órgano que “vele” por el respeto a la Propiedad Intelectual en Internet, pudiendo bloquear el acceso a páginas web que alojen o faciliten enlaces a archivos sujetos a derechos de autor. Y es en este punto donde los ánimos se encienden, al permitir bloquear contenidos web y las páginas donde se albergan, supuestamente, “sin sentencia judicial” de por medio. La reacción, ayer mismo, en forma de Manifiesto en Defensa de los derechos fundamentales de Internet.
Mi reacción podría ser igualmente “encendida” a favor o en contra de una u otra postura, podríamos esgrimir aquí miles de argumentos, a favor de los derecho de autor y el derecho de quienes deseen vivir de sus “creaciones” de por vida, nos guste o no; el derecho de las discográficas, editoriales y demás compañías intermediarias, que aunque sean vampiriles tienen sus derecho reconocidos; el desparpajo con el que muchos utilizan contenidos de otros por todo el morrazo… Por otro lado tenemos una industria anquilosada en malos modos que no se adapta a nuevos tiempos; la posibilidad de que este órgano administrativo se convierta en juez y parte y pueda penalizar sin tener “competencia jurisdiccional”; la necesidad de “regular” la autopista de la información y sus contenidos, pero de otro modo…
Como veis, podríamos dedicar el contenido del blog por entero con este tipo de reflexiones, y muchas más. Pero la reflexión a la que yo particularmente quisiera llegar es que estamos en un punto crucial en que las principales líneas de las políticas públicas con respecto al acceso a la información proporcionado por las NTIC’s de los diferentes gobiernos (no solo español, estoy hablando a escala europea y mundial) están comenzando a definirse.
El valor de la información como recurso queda más que proclamado, las infinitas posibilidades de las tecnologías para propiciar un acceso global y equitativo en aras de sociedades más justas, más plurales, más equitativas es un hecho. Que todos estos factores tendrán que conjugarse con derechos individuales y colectivos que pueden contraponerse (derecho de propiedad intelectual versus derecho de acceso a la información, entre otros) también.
En definitiva, mantengamos una “tensa espera” para comprobar cómo los actores políticos toman las riendas del asunto, pero también exijamos que el diseño e implementación de esta nueva política pública de información en gestación sea coherente y se ajuste a la nueva realidad en la que vivimos, ya que afectará sin duda alguna a nuestro modo de acceso a la información. La polémica está servida…
