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REPOSITORIOS INSTITUCIONALES: EL ACCESO AL CONOCIMIENTO.

En el marco de la actual Sociedad de la Información y del Conocimiento, una de las oportunidades más rentables que nos ofrecen las TIC’s en este nuevo contexto social es posibilitar un acceso equitativo y democrático a la información y al conocimiento, precisamente. En relación con esta nueva realidad, que poco a poco se convierte en necesidad y demanda de las sociedades, se enmarca una tendencia mundial, el Open Archives Initiative o publicación de contenidos (científicos, de investigación) en abierto.

Las universidades de todo el mundo (y, como no puede ser menos, las españolas también) no son ajenas a este fenómeno transnacional y están desarrollando poco a poco sus propias herramientas para contribuir y facilitar a escala global el acceso a la producción científica que se genera bajo sus auspicios, esto es, sus REPOSITORIOS INSTITUCIONALES.

En este sentido, diversas administraciones públicas están poniendo por fin las bases para el desarrollo de este tipo de políticas de información, regulando la obligatoriedad de publicación de los resultados de la producción científica beneficiaria de ayudas públicas a través de normas y leyes. Me gustaría destacar en el ámbito estatal el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología del MCI, art. 33, y en el ámbito madrileño la Orden 679/2009 de la CAM, art. 7.9. Ambas disposiciones, cada una en su contexto de aplicación, tratan de hacer obligatoria la publicación de los resultados derivados de la investigación científica y ambas pretenden el mismo fin: maximizar el impacto de los investigadores y sus trabajos, y posibilitar un acceso libre a cuantos deseen utilizarlo.

Cierto es que este tema tan complejo no se soluciona con esta facilidad aparente y tiene que hacer frente a multitud de inconvenientes, como los derecho de autor de los productores (en parte solucionado con las licencias Creative Commons) y la reacción aún no producida de las grandes industrias editoriales a las que se les pisa el “terreno” con estas iniciativas.

Aún con todo, me gustaría destacar el peso y la importancia que este tipo de proyectos están alcanzando a diversas escalas, como el proyecto Driver (Unión Europea), Recolecta (iniciativa española) y E-ciencia (portal madrileño), que se abastecen unos de otros de manera ascendente y partiendo a su vez de las iniciativas de cada repositorio institucional individual puesto en marcha (como ejemplo, los repositorios institucionales universitarios).

Todo esto acaba poniendo de la manifiesto la realidad de que es posible que los diversos actores implicados en el desarrollo de estas políticas públicas de información realmente trabajen de manera conjunta y coordinada para conseguir un mismo fin, el acceso equitativo a la información y al conocimiento en aras de una sociedad más justa: a ver si va a acabar siendo verdad aquello de que la unión hace la fuerza…

Gripe A y politicas de información

En la línea de las opiniones vertidas en el blog sobre la Gripe A y después de leer un artículo de J.J. Millás, ¿A quién hacemos daño?, he llegado a la conclusión de que si me tengo que posicionar sobre el tema de la Gripe A, soy de los que la perciben, más como un fiasco informativo-sanitario, que como lo que nos anunciaron la OMS o el Mº de Sanidad, es decir, como una “emergencia sanitaria mundial”, algo así como una como una pandemia apocalíptica que arrasaría con gran parte de la Humanidad.

 

En mi opinión, las políticas de información de estos organismos -basadas en convertir una situación sanitaria real de “gripe como factor de riesgo” en una situación ficticia de “gripe enfermedad muy grave”-, presentan dos desviaciones o efectos perniciosos muy importantes: por una parte alarmar, intimidar y desconcertar a la población y a los profesionales sanitarios, y por otra, estimular el interés, obsceno en ocasiones, de los medios de medios de comunicación por la información de emergencias y catástrofes, especialmente cuando el colectivo más afectado son los jóvenes, como es el caso.

 

En cuanto a lo primero, el alarmismo social y sanitario generado, ha beneficiado, una vez más curiosamente, a las farmacéuticas (vacunas, antivíricos y demás parafernalia preventiva como mascarillas, productos desinfectantes, etc.), y probablemente ha llevado a una inversión errónea y desmedida en recursos preventivos innecesarios, hasta tal punto que cabe preguntarse si no es la industria farmacéutica, es decir, intereses privados, la que dirige las decisiones en política sanitaria y por lo tanto los interese públicos e incluso si no se tratará de un caso más de mala fe o engaño sanitario.

 

En cuanto al cuestionable tratamiento del tema por parte de los medios de comunicación lo ilustra muy gráficamente la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SEPSAS) en una carta dirigida a los medios en septiembre en la que muestra su preocupación por “el modo en que los medios de comunicación de masas se hacen eco de las defunciones causadas por la nueva variante del virus de la gripe A, una a una, proporcionando detalles singulares de cada caso que poco aportan a la comprensión del proceso, pero que amplifican el impacto real de la enfermedad, con el riesgo de fomentar una alarma social que por si misma podría comportar más perjuicios que la propia pandemia gripal”. Añade que “si no somos cuidadosos […] contribuirá a fomentar una alarma cuyas consecuencias pueden ser peores que las de la propia gripe”.

 

Lo que parece que está claro, al menos de momento, es que la Gripe A, aunque es muy contagiosa entre jóvenes, es más leve que la gripe estacional; que el virus H1N1 es muy estable y puede mutar, pero también puede desaparecer; y que la pauta científica según la cual la gripe del hemisferio norte reproduce la del hemisferio sur se está cumpliendo y en éste se comportó como la estacional. Ante esta situación, creo que contribuyen mucho mejor a disminuir el alarmismo y temor de la sociedad  iniciativas como Gripe A, ante todo mucha calma con su decálogo, que otras como el Sistema de Vigilancia de la gripe en España.

 

A modo de reflexión solo añadir que ojalá las agendas públicas le dedicasen tanto tiempo, esfuerzo y medios a temas socio-sanitarios mucho más reales y tangibles como  la dependencia, el cumplimiento de los testamentos vitales, o el derecho a morir dignamente.